Peru: Pena de muerte en debate...

Alan Garcia Perez
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El día Miércoles.10.01.07 entro en debate en el Pleno del Congreso, el proyecto sobre la Pena de Muerte presentado por el ejecutivo, según el cual la medida se aplicaría a quienes integren la cúpula dirigente de una organización terrorista y a los participantes de grupos armados, de bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares.

Esta ley serviría para expresar “una clara y contundente respuesta de un Estado que no está dispuesto a permitir que el país vuelva a sufrir las consecuencias del demencial accionar de los mencionados grupos terroristas (SL- Sendero Luminoso, MRTA- Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) cuyas principales cabecillas están purgando cárcel. Lo bueno, fue que no fue aprobado por la mayoría del congreso, sin embargo, el Pdte Alan García, sigue insistiendo en esta idea de la Pena de Muerte, y lo peor, quiere convocar al pueblo Referéndum , si esta de acuerdo o no, pensé que la mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo, pero oh!! Sorpresa, un pequeño sondeo a 100 ciudadanos transmitido por la TV arrojo un casi empate, aunque solo es una muestra, uno nunca sabe cual seria la realidad.

No veo la necesidad de implantar esta ley, aunque cuando analizo las noticias de todos los días sobre lo que hacen estos criminales, no faltan ganas que los ahorquen, misma ley de Talion “Ojo por ojo, diente por diente”, pero, ya nos estaríamos convirtiendo en uno de ellos.
No entiendo como desean aplicar esta norma, cuando la mayoría de los ciudadanos no confía en el sistema Judicial, ya que esta es desastrosa, lenta, corrupta. ¿Ellos son los que impartirán la Pena de Muerte? Una encuesta que se realizo en noviembre del 2005 por la Pontificia Universidad Católica (PUC) en Lima arroja datos que hay que tomar en cuenta, la opinión ha señalado: la administración de justicia es vista en el Perú con recelo, temor y suspicacia.

Los ciudadanos casi no perciben mejoras en el sistema, que desde hace cuatro años no logra ser aprobado siquiera por uno de cada cuatro encuestados.
La manera en que se ve a la justicia en el Perú casi no puede ser peor. Según la encuesta de la PUC, de tener un problema de tipo legal, sólo 4% de los encuestados iría al Poder Judicial para iniciar un juicio; en una proporción cinco veces mayor iría a la policía. Las razones surgen de otras respuestas. Sólo 3% califica como bueno el funcionamiento del sistema.

Más de la mitad de los entrevistados (56%) cree que no es cierto que la justicia tarda pero llega.
La encuesta de la PUC encontró que lo "más necesario para ganar un juicio en el Perú" es "pagar coimas a los jueces y/o secretarios", según la respuesta de 38% de los encuestados.

Los entrevistados en Lima por una encuesta realizada por Apoyo, justamente un año antes, por encargo del Consorcio Justicia Viva, señalaban que los dos principales problemas de la justicia son la corrupción (74%) y la lentitud (48%).
Y cuando se les preguntó cuán probable era ganar un juicio para quien tiene dinero, 93% lo consideró totalmente o bastante probable; contar con influencias acumuló 90% como clave para vencer en un proceso judicial; el respaldo de un buen abogado recogió 77% de respuestas y tener acceso a los medios de comunicación sumó 72%, mientras que la ley le dé la razón a uno llegó a 51% de respuestas y decir la verdad pareció suficiente a sólo 24% de los encuestados. Sin embargo, más de la mitad (52%) dijo no estar dispuesto a pagar una coima para ganar un juicio.

Los entrevistados por Apoyo respondieron, en promedio, que sólo uno de cada cinco jueces es honesto. La encuesta de la PUC halló que para 94% de encuestados, al "aplicar las leyes los jueces hacen diferencias según de quién se trate". Dos de cada tres entrevistados estimó que los jueces no son independientes del poder político (67%) ni del poder económico (68%).

El sondeo de Apoyo exploró si se veía a los jueces, en 2005, como más independientes que en la década de los años noventa, cuando Fujimori y Montesinos montaron un mecanismo de control sobre la justicia. Sólo uno de cada cuatro encuestados (25%) reconoció en los jueces mayor independencia; otro 37% consideró que la situación es la misma y 35% pensó que ha empeorado.

En la encuesta de Apoyo se indagó las características del juez ideal. Se señaló la honestidad por tres de cada cuatro entrevistados (74%) y el ser imparcial por tres de cada cinco (60%).
Es verdad que las encuestas detectan la percepción social, no la realidad misma de justicia, jueces y abogados. Pudiera ser que la justicia y sus operadores fuesen, en los hechos, bastante mejor -o aun peor- de lo que la ciudadanía cree que son.

Pero la percepción es importante; primero, porque es raro que ande demasiado descaminada y, segundo, debido a que, aunque no coincida con la realidad, crea un hecho de significación.
Esa percepción es un dato de partida para cualquier intento de reformar la justicia. En esa perspectiva, importa notar que la encuesta de Apoyo detectó un notable 63% de aprobación al trabajo judicial del sistema anticorrupción. Sin embargo, ese mismo sondeo encontró que sólo siete de cada diez encuestados identificaba a la Corte Suprema como parte del sistema de justicia.

Éste es, pues, un juego muy desigual, en el que unos cuantos -los operadores del sistema- conocen las reglas y saben cómo usarlas, mientras que la mayoría -los ciudadanos- las ignoran. Quizá por eso es que resulta tan difícil reformar la justicia: quienes manejan el sistema no tienen interés en cambiarlo. No sólo lo administran; son sus beneficiarios.

Actualmente la Constitución Peruana de 1993 en su art. 32 establece que no puede someterse a referéndum la supresión y la discriminación de los derechos fundamentales de la persona. Si se llega a aplicar los efectos en la practica son nulos, con esta medida no pienso que disminuya los actos terroristas, además no tendríamos que alejar de la Convención Americana de Derechos Humanos y de su sistema jurídico: Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hay temas más importantes por el cual debatir como la lucha contra la pobreza, mejorar la educación, ampliar la descentralización, combatir el narcotráfico, definitivamente estos temas no están en agenda del gobierno.