Publicado por Eduardo Arce para BBC Mundo - América Latina.
Más de 3.000 efectivos militares y policiales movilizados para buscar a integrantes de un grupo guerrillero y la manifiesta intención del gobierno paraguayo de modificar una Ley de Defensa para darle más poder a las Fuerzas Armadas son situaciones consideradas como un "retroceso democrático".
"La presencia de un alto número de militares y policías en la zona norte del país, con la potestad de utilizar sus armas en caso de enfrentamiento, y de apresar y trasladar de un sitio a otro a quienes consideren bajo sospecha, es una situación muy peligrosa para el frágil proceso de democratización de Paraguay", le dijo a BBC Mundo el analista político Marcial Cantero.
Sin embargo, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, aseguró lo contrario: "No es lo mismo el estado de excepción en un sistema democrático que aquel estado de sitio que teníamos durante el régimen dictatorial".
Los paraguayos soportaron un permanente estado de sitio durante los 35 años de gobierno del general Alfredo Stroessner (1954-1989), que se tradujo en todo tipo de persecuciones, represiones y desmanes ejecutados por militares y policías.
"Los derechos humanos serán respetados durante la vigencia del estado de excepción", aseguró el titular del Ejecutivo, en tanto que el ministro del Interior, Rafael Filizzola, aclaró que "el gobierno no pisoteará las funciones judiciales durante el estado de excepción. Las garantías esenciales como el hábeas corpus y el amparo siguen vigentes", dijo
Operación "Py’aguapy"
Tras la promulgación del estado de excepción en cinco de los 17 departamentos de Paraguay, Lugo ordenó la operación "Py’aguapy" (tranquilidad, en idioma guaraní), con la movilización de 3.300 efectivos militares y policiales.
El operativo está montado para buscar y apresar a los integrantes de un grupo armado, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que las autoridades temen que se convierta en una guerrilla.
Si bien es muy poco lo que se sabe de este grupo, desde el Ministerio del Interior sostienen que estaría conformado por no más de 100 personas, de las cuales entre 15 y 20 formarían un grupo operativo entrenado para el combate por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los demás brindarían "apoyo logístico".
El gobierno atribuye al EPP cuatro secuestros extorsivos, la colocación de una bomba -que no produjo víctimas ni daños materiales- en los servicios sanitarios del Palacio de Justicia de Asunción, la quema de dos puestos policiales y enfrentamientos con policías con el saldo de varios muertos, ninguno de ellos pertenecientes al grupo armado.
"Vuelta de tuerca"
El ministro del Interior reveló a la prensa que, además del operativo "Py’aguapy", el gobierno considera la posibilidad de plantear la modificación de la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna para que las Fuerzas Armadas acompañen a la Policía Nacional en la labor de seguridad interna, no solamente durante el estado de excepción.
El criterio del gobierno es "aprovechar al máximo todos los recursos para enfrentar y optimizar las enormes demandas en materia de seguridad".
Para el analista político Cantero, "de modificarse la ley y producirse el cambio, significará una vuelta de tuerca en el retroceso democrático porque estaremos a merced de los militares, de triste memoria en nuestro país", aseguró.
En este sentido también se pronunció el senador del gubernamental Partido Liberal Radical Auténtico, Ramón Gómez Verlangieri: "Es una cuestión que hay que analizar mucho y bien, porque el país por años estuvo militarizado y existe un recuerdo no muy grato", manifestó.
Gómez Verlangieri aseguró finalmente que "debemos tener en cuenta la experiencia nefasta que vivimos en la época del gobierno de Alfredo Stroessner, en la que mucha gente fue perseguida y reprimida discrecionalmente por los militares". BBC Mundo - América Latina.
Más de 3.000 efectivos militares y policiales movilizados para buscar a integrantes de un grupo guerrillero y la manifiesta intención del gobierno paraguayo de modificar una Ley de Defensa para darle más poder a las Fuerzas Armadas son situaciones consideradas como un "retroceso democrático".
"La presencia de un alto número de militares y policías en la zona norte del país, con la potestad de utilizar sus armas en caso de enfrentamiento, y de apresar y trasladar de un sitio a otro a quienes consideren bajo sospecha, es una situación muy peligrosa para el frágil proceso de democratización de Paraguay", le dijo a BBC Mundo el analista político Marcial Cantero.
Sin embargo, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, aseguró lo contrario: "No es lo mismo el estado de excepción en un sistema democrático que aquel estado de sitio que teníamos durante el régimen dictatorial".
Los paraguayos soportaron un permanente estado de sitio durante los 35 años de gobierno del general Alfredo Stroessner (1954-1989), que se tradujo en todo tipo de persecuciones, represiones y desmanes ejecutados por militares y policías.
"Los derechos humanos serán respetados durante la vigencia del estado de excepción", aseguró el titular del Ejecutivo, en tanto que el ministro del Interior, Rafael Filizzola, aclaró que "el gobierno no pisoteará las funciones judiciales durante el estado de excepción. Las garantías esenciales como el hábeas corpus y el amparo siguen vigentes", dijo
Operación "Py’aguapy"
Tras la promulgación del estado de excepción en cinco de los 17 departamentos de Paraguay, Lugo ordenó la operación "Py’aguapy" (tranquilidad, en idioma guaraní), con la movilización de 3.300 efectivos militares y policiales.
El operativo está montado para buscar y apresar a los integrantes de un grupo armado, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que las autoridades temen que se convierta en una guerrilla.
Si bien es muy poco lo que se sabe de este grupo, desde el Ministerio del Interior sostienen que estaría conformado por no más de 100 personas, de las cuales entre 15 y 20 formarían un grupo operativo entrenado para el combate por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los demás brindarían "apoyo logístico".
El gobierno atribuye al EPP cuatro secuestros extorsivos, la colocación de una bomba -que no produjo víctimas ni daños materiales- en los servicios sanitarios del Palacio de Justicia de Asunción, la quema de dos puestos policiales y enfrentamientos con policías con el saldo de varios muertos, ninguno de ellos pertenecientes al grupo armado.
"Vuelta de tuerca"
El ministro del Interior reveló a la prensa que, además del operativo "Py’aguapy", el gobierno considera la posibilidad de plantear la modificación de la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna para que las Fuerzas Armadas acompañen a la Policía Nacional en la labor de seguridad interna, no solamente durante el estado de excepción.
El criterio del gobierno es "aprovechar al máximo todos los recursos para enfrentar y optimizar las enormes demandas en materia de seguridad".
Para el analista político Cantero, "de modificarse la ley y producirse el cambio, significará una vuelta de tuerca en el retroceso democrático porque estaremos a merced de los militares, de triste memoria en nuestro país", aseguró.
En este sentido también se pronunció el senador del gubernamental Partido Liberal Radical Auténtico, Ramón Gómez Verlangieri: "Es una cuestión que hay que analizar mucho y bien, porque el país por años estuvo militarizado y existe un recuerdo no muy grato", manifestó.
Gómez Verlangieri aseguró finalmente que "debemos tener en cuenta la experiencia nefasta que vivimos en la época del gobierno de Alfredo Stroessner, en la que mucha gente fue perseguida y reprimida discrecionalmente por los militares". BBC Mundo - América Latina.
