¿Por qué en Venezuela se está muriendo la democracia (si es que ya no está muerta)?

La bandera invertida de mi país es un mensaje al mundo, en especial a mis hermanos de Iberoamérica y a todo el que cree en las libertades individuales y la democracia. Venezuela está en peligro, ciertamente desde que llegó al poder el líder de la antipolítica que ha generado un proceso de desinstitucionalización del sistema democrática y del Estado de derecho con el apoyo de una parte de la población, pero aun más en este mes de agosto, porque delante de todos se ha dado un golpe de Estado pero como no hubo violencia nadie se da cuenta o no se quiere dar.

No es fácil comprender lo que ocurre en Venezuela, pero el hecho cierto es que desde la llegada al poder del militar exgolpista Hugo Chávez (en 1992 intentó derrocar por las armas el gobierno electo de entonces), este inició un proceso de desinstitucionalización de la democracia que nació en 1958 y que fue modelo de para el continente (en los setenta Venezuela poseía la más numerosa clase media de Iberoamérica, y gozaba de libertades públicas). Es verdad que la misma había entrado en crisis desde la década de los ochenta por la inestabilidad de los precios petroleros y la incapacidad del modelo de"Estado cepalista y rentista" para responder a las crecientes demandas de la población, razón por la que una buena parte de los electores optó por el candidato que representaba un cambio radical del sistema creyendo que esto generaría el bienestar que había perdido. En adelante, y en próximas entregas, explicaremos el proceso de quiebre de las instituciones democráticas con su paralelo que ha sido la personalización y centralización de todo el poder (político, social y económico, e incluso cultural) en manos de Hugo Chávez.

La desinstitucionalización de la democracia venezolana (y la construcción del personalimos chavista) se ha llevado a cabo por varios medios, pero en especial podemos identificar cuatro:

1) la Constituyente de 1999 (en la que los seguidores de Chávez tenían 116 diputados de 120 con sólo sacar el 60% de los votos debido a un injusto sistema electoral) que permitió: redactar una nueva Constitución (que no es muy diferente a la anterior en los principios del Estado de derecho, pero que incrementó las funciones y el poder en manos del Presidente, entre los que se debe resaltar el monopolio de la decisión sobre los ascensos de la oficialidad militar, permitiéndole además la reelección inmediata por sólo un período y el incremento de 5 a 6 años de gobierno), y designar todos los poderes del Estado (salvo el legislativo y el ejecutivo, y las gobernaciones y municipios) en los que colocó militantes del partido de gobierno, violando los principios, incluso de la nueva Constitución. Al año siguiente llevó a cabo unas megaelecciones en los que conservando su popularidad obtuvo la mayor parte de los cargos en el resto de los poderes de elección (en muchos lugares se habló de fraude). Estas fueron las primeras elecciones en los que los candidatos del partido de gobierno usaron todos los recursos del Estado, violándose el principio democrático de equidad en las campañas, y si sumamos a ello que la nueva Constitución prohibía el finaciamiento público de los partidos, la oposición tuvo muy pocos recursos (este mecanismos ha existido desde ese momento, y ya parece que fuera normal cuando es algo prohíbido en toda democracia seria). Con estas acciones obtuvo todo el poder político, dejándole unos pequeños espacios a la oposición. Es así como se había eliminado un principio fundamental de toda democracia: la autonomía de los poderes, ya todos respondían al ejecutivo. De cara el mundo se pensaba que Chávez representaba un gobierno con amplio apoyo popular (¿acaso no ganaba todas las elecciones?), pero todos sabemos que una democracia moderna no se reduce a elecciones, sino que también debe existir autonomía de los poderes entre otras características como apego a la constitucionalidad y los derechos humanos en especial la libertad de expresión, y las elecciones tienen que ser universales, libres, secretas y equitativas; pero el mínimo se estaba cumpliendo... por eso el mundo no hizo caso a este pequeño detalle del equilibrio de poderes.

2) El control de la empresa petrolera venezolana (no se puede olvidar que Venezuela es un Estado rentista petrolero cuya economía está dominada por este recurso y el Estado que posee su propiedad y su industria), y el dominio de la Fuerzas Armadas Nacionales. Ambos objetivos se lograron con dos hechos que generaron una gran inestabilidad en el gobierno (abril, 2002), e incluso la salida de Chávez del poder por unas horas: una huelga petrolero, una gran marcha de la población en respaldo a dicha huelga, y la reacción de un sector importante de los militares que le pidieron la renuncia al Presidente. Estos hechos fueron utilizados por este para expulsar de la empresa petrolera a casi todo su personal profesional (20 mil técnicos y profesionales del petróleo) con lo que se eliminó de esa forma la meritocracia y autonomía de dicha empresa con respecto al gobierno (la consecuencia de esto ha sido el deterioro de la industria en lo que respecta a su competitividad internacional, y la politización de la misma). En relación a los militares, estos sucesos le permitieron la persecusión de todo oficial que fuera sospechoso de no apoyar el movimiento de Chávez; y lo más importante: la eliminación de la meritocracia y la obediencia por el rango militar, de ahora en adelante el principio de jerarquía, al igual que el resto del Estado, sería dominado por la sumisión a la voluntad de Chávez. Es así como se inicia un proceso de fusión etre el Estado y el partido de gobierno.

En la próxima entrega, le explicaremos los dos siguientes, siendo el último el más grave de todos: el llamado "paquetazo" o "golpe de estado de papel".

La separación de poderes, en peligro en España

Vivimos tiempos convulsos en España, aunque mucho más democráticos y pacíficos que las anteriores épocas de confusión que ha tenido nuestro país. La globalización golpeó con sus peores modos nuestro país hará dentro de poco tres años, e inmediatamente el electorado socialista que en la anterior legislatura se había inhibido de votar se lanzó en masa a su deber democrático, resultando un vuelco en el gobierno. El partido anteriormente en el poder no ha terminado de digerir que fueron sus propios errores los que les dejaron sin ese poder deseado aparentemente por encima de todas las cosas, pero aprendió bien las estrategias que el resto de partidos había ido empleando para vencerles, como tomar la cibersociedad con sus propias publicaciones, o salir a la calle a protestar, en manifestaciones siempre "voluminosas" (sobre todo si los datos de participación los da la Comunidad de Madrid), siempre con algún lema aparentemente inocente y duro, y siempre con ataques personales al presidente del gobierno, en forma de execrables insultos.

Aquí en el País Vasco, por otro lado, la justicia, amenazada indefinidamente por ETA, sigue intentando que el delincuente no se vaya de rositas, a la vez que brega con los ataques directos de todo el ala política independentista por un lado, y del ala derecha de la política españolista en el País Vasco, por otra, y cuenta para ello con leyes y mayorías en sus órganos de gobierno decididas por la anterior mayoría política de derechas. También acabamos, desgraciadamente, de salir de una esperanzadora tregua de ETA, en la que el PP nunca creyó ni apoyó nunca al gobierno, que ha sensibilizado a muchas personas en multitud de dimensiones personales y colectivas, enconando aún más los roces que ha habido siempre en esta parte de España.

Todo ello confluye en una manifestación que ocurrirá hoy en Madrid, organizada oficialmente por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (la misma que no acudió a apoyar a las últimas victimas en la manifestación organizada después del atentado de Barajas, la misma que gusta de manifestarse con elementos ultraderechistas), para protestar por una sentencia judicial, decidida por el máximo órgano de los jueces españoles, el Tribunal Supremo, por la cual se reducía una pena al etarra Ignacio de Juana Chaos, de doce a tres años de cárcel. Una consulta no muy exhaustiva a las noticias periodísticas españolas del último mes y medio podrá dar idea a los lectores del este artículo de lo que todo ello significa y lleva detrás, y no es el tema principal de mi intervención hoy en este blog, así que lo dejaré aquí. Y aunque está organizada por dicha asociación, la verdad es que el PP se ha apresurado a apoyarla (al contrario que a la asociación de víctimas fundada tras el 11-M, a quienes la Comunidad de Madrid, en manos de la derechista Esperanza Aguirre, deniega hasta la mínima subvención, con lo que se están pensando "emigrar" a otra comunidad autónoma), seguramente no sólo con la presencia de sus propias celebridades, las mismas que tampoco fueron a apoyar a las últimas víctimas.

Hace unas semanas, en Bilbao, acudía el presidente de la comunidad autónoma vasca a los juzgados a declarar como acusado por haberse entrevistado con el dirigente de una formación política ilegalizada (también es recomendable leer nuestra prensa sobre ese tema), y al salir aproximadamente un millar de simpatizantes de su partido, el nacionalista y de derechas PNV, estaban esperándole para animarlo y vitorerarlo como auténticos "hooligans". Previamente, cerca de ochenta mil vascos se habían manifestado el sábado previo en Bilbao, en un acto de presión contra los jueces sin precedentes.

Los políticos en este país quieren estar al margen de la acción de la justicia, por encima de ella, incluso con las leyes que ellos mismos ponen, al actuar con el rol del poder legislativo que la Consitución ofrece a los parlamentos. Unos con la excusa de su nacionalismo y del presunto papel "colonialista" de la justicia española, otros con una moralina insultante (no protestaron cuando el partido anterior en el gobierno concedió beneficios al mismo etarra) y con el extremismo de quienes se creen en poder de la única verdad absoluta, pero lo cierto es que todos ellos querrían tener bajo control los órganos judiciales. Actualmente, hay un tercer frente abierto ente la justicia y la política, a cuenta del nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, que también ha de estudiarse en el Tribunal Constitucional a petición del PP. Vemos que la lucha democrática entre derechas e izquierdas, una vez visto que el país es como es, y que no habrá cambios sustanciales, se ha trasladado a un campo donde diferencias mínimas pueden tener mucha más repercusión práctica que las que hay en las elecciones generales, quizás porque es mucho más sencillo de manejar al plasmarse en toda su crudeza el bipartidismo que padecemos.

De hecho, los jueces empiezan a encuadrarse también en asociaciones con un color político más que marcado, y varios de ellos han entrado y salido de partidos políticos (sobre todo del PSOE: Garzón con Felipe González, el nuevo ministro Bermejo ahora con Rodríguez Zapatero), en una práctica que, en mi opinión, no debería poder darse.

Quizás es que creo en una forma de estado absolutamente utópica, pero no me parece adecuado que quienes ponen las leyes (los partidos políticos) y quienes nombran a los jueces de los órganos de gobierno de éstos (los partidos políticos, en un sistema de proposiciones) no puedan estar totalmente bajo la hégira de los jueces, como si los políticos fuesen ciudadanos especiales. Un sistema politico en que las cosas fuesen así no podría considerarse democrático, y lo cierto es que, aparte de su crónica lentitud en España ya no es ni el único ni el principal motivo de desconfianza de los ciudadanos hacia la Justicia.


El ciudadano tiene una visión clara de lo justo y lo injusto, de lo que está bien y de lo que está mal, pero en la situación actual, en que jueces y políticos se reparten en una mezcla casi orgiástica el poder real que la Constitución separó en tres tartas en principio inintercambiables ni tampoco unificables, no puede por menos que alejarse aún más de los asuntos públicos, larvándose quizás un desprecio por lo democrático muy preocupante.