La separación de poderes, en peligro en España

Vivimos tiempos convulsos en España, aunque mucho más democráticos y pacíficos que las anteriores épocas de confusión que ha tenido nuestro país. La globalización golpeó con sus peores modos nuestro país hará dentro de poco tres años, e inmediatamente el electorado socialista que en la anterior legislatura se había inhibido de votar se lanzó en masa a su deber democrático, resultando un vuelco en el gobierno. El partido anteriormente en el poder no ha terminado de digerir que fueron sus propios errores los que les dejaron sin ese poder deseado aparentemente por encima de todas las cosas, pero aprendió bien las estrategias que el resto de partidos había ido empleando para vencerles, como tomar la cibersociedad con sus propias publicaciones, o salir a la calle a protestar, en manifestaciones siempre "voluminosas" (sobre todo si los datos de participación los da la Comunidad de Madrid), siempre con algún lema aparentemente inocente y duro, y siempre con ataques personales al presidente del gobierno, en forma de execrables insultos.

Aquí en el País Vasco, por otro lado, la justicia, amenazada indefinidamente por ETA, sigue intentando que el delincuente no se vaya de rositas, a la vez que brega con los ataques directos de todo el ala política independentista por un lado, y del ala derecha de la política españolista en el País Vasco, por otra, y cuenta para ello con leyes y mayorías en sus órganos de gobierno decididas por la anterior mayoría política de derechas. También acabamos, desgraciadamente, de salir de una esperanzadora tregua de ETA, en la que el PP nunca creyó ni apoyó nunca al gobierno, que ha sensibilizado a muchas personas en multitud de dimensiones personales y colectivas, enconando aún más los roces que ha habido siempre en esta parte de España.

Todo ello confluye en una manifestación que ocurrirá hoy en Madrid, organizada oficialmente por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (la misma que no acudió a apoyar a las últimas victimas en la manifestación organizada después del atentado de Barajas, la misma que gusta de manifestarse con elementos ultraderechistas), para protestar por una sentencia judicial, decidida por el máximo órgano de los jueces españoles, el Tribunal Supremo, por la cual se reducía una pena al etarra Ignacio de Juana Chaos, de doce a tres años de cárcel. Una consulta no muy exhaustiva a las noticias periodísticas españolas del último mes y medio podrá dar idea a los lectores del este artículo de lo que todo ello significa y lleva detrás, y no es el tema principal de mi intervención hoy en este blog, así que lo dejaré aquí. Y aunque está organizada por dicha asociación, la verdad es que el PP se ha apresurado a apoyarla (al contrario que a la asociación de víctimas fundada tras el 11-M, a quienes la Comunidad de Madrid, en manos de la derechista Esperanza Aguirre, deniega hasta la mínima subvención, con lo que se están pensando "emigrar" a otra comunidad autónoma), seguramente no sólo con la presencia de sus propias celebridades, las mismas que tampoco fueron a apoyar a las últimas víctimas.

Hace unas semanas, en Bilbao, acudía el presidente de la comunidad autónoma vasca a los juzgados a declarar como acusado por haberse entrevistado con el dirigente de una formación política ilegalizada (también es recomendable leer nuestra prensa sobre ese tema), y al salir aproximadamente un millar de simpatizantes de su partido, el nacionalista y de derechas PNV, estaban esperándole para animarlo y vitorerarlo como auténticos "hooligans". Previamente, cerca de ochenta mil vascos se habían manifestado el sábado previo en Bilbao, en un acto de presión contra los jueces sin precedentes.

Los políticos en este país quieren estar al margen de la acción de la justicia, por encima de ella, incluso con las leyes que ellos mismos ponen, al actuar con el rol del poder legislativo que la Consitución ofrece a los parlamentos. Unos con la excusa de su nacionalismo y del presunto papel "colonialista" de la justicia española, otros con una moralina insultante (no protestaron cuando el partido anterior en el gobierno concedió beneficios al mismo etarra) y con el extremismo de quienes se creen en poder de la única verdad absoluta, pero lo cierto es que todos ellos querrían tener bajo control los órganos judiciales. Actualmente, hay un tercer frente abierto ente la justicia y la política, a cuenta del nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, que también ha de estudiarse en el Tribunal Constitucional a petición del PP. Vemos que la lucha democrática entre derechas e izquierdas, una vez visto que el país es como es, y que no habrá cambios sustanciales, se ha trasladado a un campo donde diferencias mínimas pueden tener mucha más repercusión práctica que las que hay en las elecciones generales, quizás porque es mucho más sencillo de manejar al plasmarse en toda su crudeza el bipartidismo que padecemos.

De hecho, los jueces empiezan a encuadrarse también en asociaciones con un color político más que marcado, y varios de ellos han entrado y salido de partidos políticos (sobre todo del PSOE: Garzón con Felipe González, el nuevo ministro Bermejo ahora con Rodríguez Zapatero), en una práctica que, en mi opinión, no debería poder darse.

Quizás es que creo en una forma de estado absolutamente utópica, pero no me parece adecuado que quienes ponen las leyes (los partidos políticos) y quienes nombran a los jueces de los órganos de gobierno de éstos (los partidos políticos, en un sistema de proposiciones) no puedan estar totalmente bajo la hégira de los jueces, como si los políticos fuesen ciudadanos especiales. Un sistema politico en que las cosas fuesen así no podría considerarse democrático, y lo cierto es que, aparte de su crónica lentitud en España ya no es ni el único ni el principal motivo de desconfianza de los ciudadanos hacia la Justicia.


El ciudadano tiene una visión clara de lo justo y lo injusto, de lo que está bien y de lo que está mal, pero en la situación actual, en que jueces y políticos se reparten en una mezcla casi orgiástica el poder real que la Constitución separó en tres tartas en principio inintercambiables ni tampoco unificables, no puede por menos que alejarse aún más de los asuntos públicos, larvándose quizás un desprecio por lo democrático muy preocupante.