viernes, febrero 16, 2007

Estatuto de Andalucía

Primero fue el Plan Ibarretxe, para el País Vasco, tumbado en el Parlamento, luego el estatuto de Cataluña, aprobado rocambolescamente y ahora recurrido ante el Tribunal Constitucional, después el andaluz, el valenciano y el balear, aprobados en primera instancia con amplio consenso. Después de treinta años, era momento de revisar los estatutos "históricos" -los otros han sido reformados ya-; pero el juego político ha convertido esto en una lucha que va más allá, quizá, de donde debiera.

Los ciudadanos de Andalucía estamos convocados el próximo domingo 18 de febrero a un referéndum para pronunciarnos sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad. El nuevo texto sometido a votación tiene un amplio apoyo parlamentario. Esto es positivo, aunque el consenso no es el último criterio para valorar un cambio legal.

El Estatuto recoge ampliamente y desarrolla los derechos sociales de los ciudadanos, particularmente los que asisten a las personas discapacitadas o dependientes; a los jóvenes que se incorporan al trabajo; a los ancianos; y a las minorías sociales cuya identidad cultural e integración el Estatuto ampara.

Sin embargo, la regulación de los derechos y los deberes que se hace en el Título I del Estatuto arroja algunas dudas. Se puede discutir la pertinencia jurídica de que estos derechos, que ya están regulados por la Constitución, formen parte de un Estatuto de Autonomía; pero más inquietante resulta cómo están redefinidos algunos de esos derechos, como los que se refieren a la protección íntegra de la vida humana y a la protección de la familia basada en el matrimonio de un hombre con una mujer. En el nuevo texto persiste una regulación de los poderes públicos claramente intervencionista, que atribuye a la Administración pública una capacidad para controlar demasiados aspectos de la vida social, con un protagonismo que pone en riesgo el desarrollo democrático de la sociedad.

En particular, me perece oportuno hacer las observaciones siguientes:
– Algunos artículos pueden dar protección jurídica a graves ataques a la vida humana, que la ley debe tutelar y amparar desde el momento de su concepción y su fase inicial de desarrollo hasta su fin natural. La redacción resulta mucho más ambigua que la de la Constitución respecto al aborto, el estatuto del embrión y la eutanasia, por ejemplo, y si ya se ha forzado el sentido de algunos artículos constitucionales, es lógico pensar que los estatutarios están pensados para facilitar la cobertura jurídica de estos graves ataques a la vida.
– El Estatuto hace concesiones a la «ideología de género», que propone una pretendida valoración neutra de la sexualidad humana de espaldas a los fundamentos antropológicos de la diferenciación de los sexos y de su complementariedad.
– El texto que se somete a consulta equipara los efectos jurídicos del matrimonio, y de la familia fundada en el matrimonio, a otro tipo de uniones. Esta equiparación inevitablemente acaba por debilitar y desestabilizar el matrimonio y la familia.

El Estatuto incluye en su articulado que la educación pública, definida como laica, «conforme al carácter aconfesional del Estado», «tendrá en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza»
(art. 21, 2). No obstante, esta afirmación no es garantía suficiente que evite dar cobertura a
políticas laicistas que no reconocen el valor social y la dimensión pública de la religión como derecho fundamental de la persona. La Constitución de 1978 habla claramente de una colaboración de los poderes públicos con la Iglesia Católica y con las demás confesiones
religiosas, algo que a duras penas detiene las campañas laicistas, por lo que es lógico pensar que la forzada declaración de la enseñanza pública como “laica” tiene la clara intención de alentar el sentido laicista del término.

Por último, llama la atención que en el Preámbulo en el que se hace una reflexión sobre la identidad y la historia de Andalucía no se haga mención alguna a la cultura cristiana de la sociedad andaluza y española, que forma parte fundamental de la identidad histórica de Andalucía, en el pasado y en el presente, omisión parecida a la del proyecto de Constitución Europea –ahora embarrancado-, que denuncia a las claras el deseo de ocultar uno de los elementos fundacionales de nuestra civilización, con el ánimo de que no forme parte de nuestro futuro.

9 comentarios:

Landahlauts dijo...

Muy interesante su argumentación. Por distintos motivos, pero llegamos a la misma conclusión.

Llegué por recomendación de Marta.

Un saludo.

buenaprensa dijo...

Interesante idea la de hacer un blog multinacional y de un proyecto conjunto de muchos autores. Sigan así.

De paso los invito a visitar mi blog sobre el conflicto Arabe-Israelí en Medio Oriente.

Buena Prensa, Buen Mundo!
http://buenaprensa.blogspot.com

Marta Salazar dijo...

Gtacias Buena Prensa, pasaré por tu blog! Sls!

Carlos G. dijo...

A mi todo esto me parece un juego de los políticos. En el índice de participación veremos -como sucedió en Cataluña- si al ciudadano de a pie le interesa.

M@k, el Buscaimposibles dijo...

Si por mí fuera borraba todos los estatutos, empezando por los fueros, e igualaba de veras a todos los españoles ante la ley, con una única constitución. Tanto el estatuto catalán como el andaluz van a verse como leyes impuestas (vía proposición) al pueblo por los políticos, ávidos de más poder y de más dinero. En los dos (pronostico) la abstención superará el 50 %, es decir, lo que se vota no interesará ni a la mitad del censo. De tamaño catedralicio, además, me parece la hipocresía del Partido Popular, que denuncia por inconstitucionales unas leyes si las tramitan los catalanes, pero las apoya fervientemente si lo hacen los andaluces, o los valencianos. Vamos camino de otra época de taifas, desgraciadamente propiciada por "los míos", pero que no diga el PP jamás que ellos trataron de evitarlo, y que no se les vuelva a llenar a boca con la "unidad de España". Son tan responsables como el PSOE de que a partir de ahora los españoles tengamos derechos diferentes dependiendo de en qué parte del ¿país? vivamos.

cambiaelmundo dijo...

El porcentaje de abstención raya el 70%, como dicen m@k y carlos g., esto es un juego de los políticos, que hace que los españoles seamos cada vez más diferentes según dónde vivamos. Unos políticos honrados que han estado venga a decir que ayer los andaluces se jugaban su futuro, considerarían fallido este estatuto y dimitirían -aunque no estuvieran obligados por ley-, ante el desinterés del pueblo presuntamente soberano.

Más claro, agua dijo...

Los políticos andaluces ya tiene juguete nuevo. A ver si ya nos dejan en paz por lo menos hasta las próximas elecciones...

Guille, da maus dijo...

A mi me desconcierta también el elevando abstencionismo de los comicios estatutarios andaluces. Me parece una mala lección de partidismo y democracia, siendo que el votar por un "si" o un "no" no deja entrever los diversos matices que fácilmente llegan a la contradicción dentro de una misma opción.
Finalmente se va a cumplir lo que advertía el filósofo francés Finkielkraut: pasamos de una dictadura de las mayorías a una dictadura de las minorías.

Alberto dijo...

Buena idea la de este blog. Sigan adelante con la iniciativa.

Ahora, un poco de debate. El Estatuto de Andalucía no incluye referencia la herencia cristiana, al igual que no hace mención a la también muy importante herencia musulmana en la zona, pues recordemos que Granada fue el último bastión islámico en España, y que la presencia de los musulmanes en la Península fue de más de 700 años. Pensemos en la Alhambra, la Mezquita, toda la fruta, los sistemas de riego, el ajedrez que entró en Europa por España, etc.

Pero independientemente, considero que incluir cualquier referencia en un texto político a una religión determinada es volver a mezclar algo que está muy bien separado: Iglesia y Estado.

Un saludo desde España.