Argentina y su deuda con la república

Queridos planisferianos (gentilicio más que apropiado para los seguidores de ete blog), los saludo, y aprovecho para agradecer el espacio que me brindan, con especial mención para la número 1.
Por la bandera habrán notado que escribiré sobre Argentina. Además soy argentino y allí vivo (esto último vale aclararlo). Lo que escribo a continuación hace referencia a algunos menesteres de orden político-institucional.

Argentina retornó a la democracia en 1983 y terminó así un siglo XX signado por golpes militares. Desde entonces, el último tambaleo institucional se dio con la renuncia del débil presidente De la Rua en diciembre de 2001 tras una revuelta civil, inserta en una severa crisis económica. Aunque con distintos matices, el suceso argentino se inscribió dentro de una tendencia regional hacia la fragilidad institucional que terminó por derrocar a varios gobiernos en Bolivia y Ecuador.
Desde 2002, y principalmente en cabeza del presidente (Duhalde primero, y Kirchner después), el sistema ha ido recuperando gobernabilidad, mientras la economía volvía a crecer. La elección presidencial de 2003 dejó a Kirchner (el desconocido candidato elegido por Duhalde) con 22% frente a 25% de su rival, el ex-presidente Menem, con quien se mediría en el ballotage. Tras la renuncia de Menem a presentarse a la contienda entre peronistas, Kirchner quedó como presidente con su minoritaria fracción de votos, lo cual motivó preocupación por la necesidad de remontar la escasa legitimidad sobreviniente del ballotage fallido. La Constitución Nacional, para aceder directamente al cargo, exige al candidato presidencial tener 45% de los votos, o 40% habiendo 10 puntos de diferencia con el segundo. De lo contrario en la segunda vuelta (ballotage) la elección se dirime con un ganador que se procura al menos 50% de los votos, ventaja teóricamente traducida en forma de apoyo inicial de la que Kirchner no pudo gozar.
El temor era que, falto de poder propio, el presidente estaría demasiado condicionado por la inestabilidad del cargo y los mandatos de Duhalde, quien lo apadrinó poco tiempo antes de la elección. Con esos ejes en vista, el nuevo gobierno se abocó a la tarea reclamar funciones para la figura ejecutiva, actitud tal vez loable en este país de fuerte tradición presidencialista. Una forma de construir poder fue ganando aceptación, hecho que es escrutado constantemente por encuestadores. Tan importante como aparenta para el gobierno, los sondeos son reproducidos dia y noche viniendo a suplantar a la elección que no ganó. Con 80%, el oficialismo hablaba del presidente menos votado pero no obstante con mayor aceptación. Varias medidas, de decidida confrontación y calculada repercusión mediática le ganaron esperanza y pronto apoyo. Inicialmente promovió el juicio político a desprestigiados jueces de la Corte Suprema, sospechados de conformar, desde que fueron nombrados por Menem a principios de los 90´s, una "mayoría automática" totalmente funcional al poder ejécutivo. En el esfuerzo de condenar al pasado desde el presente con efectos hacia el futuro, Kirchner se encargó de denostar todo lo anterior, en especial la reciente década, con la intención de erigirse en protagonista de una nueva política. Fue a partir de actos revestidos de aquél simbolismo que logró despegarse de Duhalde, quien tampoco mostró interés por retener su cuota de poder. El modelo económico inaugurado por el antecesor de Kirchner basado en la devaluación del peso, por mantenerlo intacto, no podía cuestionarse. El ministro de economía Roberto Lavagna fue compartido por ambos gobiernos, con la intención de dar continuidad al nuevo modelo (en rigor nada de lo que hace en materia económica este gobierno no ha sido ya practicado en este país campeón en desaguisados de origen estatal).
El crecimiento económico redundó en mayor estabilidad, pero la confianza que en él depositaron hizo que Kirchner se tomara más libertades acentuando su estilo confrontativo. Es receloso de la prensa, siempre conflictuado con los protocolos de la investidura y víctima de una confusión en el manejo de la diplomacia que no se ha visto en otro presidente. Por como trata a colaboradores propios, subordindos, pares, opositores y circunstanciales enemigos, no da impresión de tener respeto alguno por ellos. La vehemecia que pone en ganar poder y responder a quienes él cree -lo sean o no- sus dectractores, le ha valido que lo adjetiven de hegemónico.
El sistema republicano argentino, nacido con la constitución de 1853, aunque pretende un equilibrio entre los poderes, le da la primacía al poder ejecutivo al otorgar prerrogativas de carácter excepcional. La práctica ha hecho que lo excepcional se transformara táctitamente en regla, con un poder ejecutivo unipersonal que en imaginario y discurso asume las riendas del país. En esta tarea el poder legislativo y judicial pueden ayudar o molestar, pero en la configuración actual del poder, la última opción es poco frecuente. En 1994 se reformó la constitución a impulsas del ansia reeleccionista (prohibido hasta entonces) de Menem. El acuerdo con la oposición para la reforma (conocido como Pacto de Olivos) contempló múltiples objetivos, entre ellos atemperar el presidencialismo mediante la introducción de institutos propios de los sistemas mixtos y parlamentarios. Se creó un jefe de gabinete, un consejo de la magistratura (que selecciona y discliplina a los jueces inferiores a la Corte suprema), una auditoría general, un defensor del pueblo y demás. La experiencia a lo largo de los 12 años desde la reforma indica que por varias deficiencias legislativas y malas costumbres, el presidente lejos de morigerar su poder, más bien lo acentuó. Allí entra Kirchner, recordman de la promulgación de decretos de necesidad y urgencia (leyes del poder ejecutivo inicialmente sin sujeción a control parlamentario). El art. 99 inc.3 CN prohíbe al poder ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo (dictamen de la minoría en la convención constituyente), pero al párrafo siguiente habilita la sanción de dichos decretos "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los tramites ordinarios previstos por esta Constitucion para la sancion de las leyes" (dictamen de la mayoría en la mencionada reforma). El cuarto párrafo del art. 99 inc.3 prescribe someter el decreto a consideración de una comisión bicameral. Ésta "elevara su despacho en un plazo de diez dias al plenario de cada Camara para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Camaras". El procedimiento se realiza de acuerdo a una "ley especial" cuya sanción se ha aplazado año a año desde 1994. Recientemente se sancionó la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia, insatisfactoria por cuanto no exige un plazo para que la comisión se expida.
Debe recordarse que desde las elecciones en octubre de 2005, el oficialismo cuenta con mayoría propia en ambas cámaras entre los partidarios y los que se pasaron de bando. Con mayorías favorables, la práctica de gobernar por decreto es innecesaria y redundante. Más allá de la creación de la comisión, es difícil creer que se revierta la viciosa costumbre.
El regreso a la democracia todavía no trajo per se un regreso a la república.