La corrupción del ladrillo

Año nuevo, vida nueva. He hecho el propósito de escribir más, y aquí estoy, a ver lo que dura.
Los programas de humor de fin de año suelen hacer el papel del bufón de Corte, que denuncia entre bromas y veras lo que los súbditos no se atreven a decir en voz alta. Este año, unos de mis humoristas favoritos, Cruz y Raya, han entrado a saco en la corrupción, tanto que al final cansaron. Y es que sí, damas y caballeros, en España hay corrupción; no sólo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, también en el opulento y “libre” occidente, también en la “democrática” España; esta vez no se trata del petróleo, como nos cuenta Jide desde Nigeria, sino del ladrillo: sí, el ladrillo, el humilde tocho.
Es que en España se construye a todo meter, sobre todo en el litoral mediterráneo, pero también en el interior: Madrid y alrededores crecen que pasma verlo, y el ejemplo más característico es el de una pequeña población de la provincia de Toledo, Seseña, donde un self made man conocido como “El Pocero” está edificando de una tacada lo que triplicará el número de habitantes.
Pero el mascarón de proa de la corrupción urbanística es Marbella, la magnífica ciudad de la Costa del Sol famosa por su glamour y sus playas. En ella los contubernios entre promotores y el Ayuntamiento tienen abiertos varios casos judiciales de mucho volumen, aderezados con folklóricas, “famosos”, antiguos futbolistas y personajes pintorescos que han ido sucediéndose en la alcaldía y en las concejalías.
La construcción de inmuebles mueve mucho dinero en España, muchos Ayuntamientos la ven como la gran fuente de financiación para sus proyectos de mejora, y esto no estaría del todo mal sino fuera porque unas veces parte del dinero se queda en los bolsillos particulares, y otras la regulación urbanística es un entramado complejísimo de leyes e intereses muy difícil de desentrañar.
Porque a esto hay que añadir que los partidos políticos también se financian –ilegalmente- con las comisiones que reciben los Ayuntamientos afectos, y emplean la guerra institucional para fastidiar a los Ayuntamientos gobernados por otros partidos. El ejemplo marbellí es ilustrativo. El gobierno autonómico, socialista, provocó en parte el desbarajuste al negarse a aprobar durante años y años el Plan Urbanístico local, por estar enfrentado al Ayuntamiento, en manos de un partido independiente, el GIL; pero se benefició durante todo ese tiempo del dinero que le correspondía en el desarrollo de la ciudad. Como el único partido limpio en el caso es el popular, los socialistas buscan casos similares en Alicante o Baleares, gobernados por los populares, y éstos en lugares gobernados por socialistas, y así va extendiéndose una marea de denuncias que llega a sospechar incluso de las licencias otorgadas “demasiado deprisa”, como si el retraso y la incuria de las administraciones locales fueran sinónimo de honradez.
Hace poco me contaban de un concejal de urbanismo que pensaba que, puesto que era él el que conseguía dinero para su ciudad y para su partido, era justo que se recompensara con parte de lo que obtenía, y que a nadie, en el gobierno municipal y en el partido le parecía eso mal... hasta que con tanto tirar de la manta el concejal queda al descubierto, él, sus casas, sus coches y sus viajes por todo el mundo, y el partido lo sacrifica por el buen nombre de la formación. Para mí, lo peor no es el mangoneo de billetes sino la hipocresía del sistema.
Algo huele a podrido en España.