Alto el fuego II

Me comprometí a tratar un poco más sobre el terrorismo de ETA y voy a procurar hacerlo brevemente, dejando claro que es una cuestión compleja, que lleva más de cuarenta años carcomiendo la sociedad española.

Para empezar, hay que reconocer que se ha extendido en la opinión pública la idea de que estamos cerca del fin del terrorismo, después de las declaraciones de nuestros gobernantes y del “alto el fuego permanente” anunciado por la banda. ¿Hay fundamento para esta esperanza? Lo hay y no lo hay, así que lo prudente aconseja esperar y ver.

En mi opinión, hay dos elementos que perturban enormemente la lucha contra ETA; uno, el más importante, es el nacionalismo de algunas regiones, otro, el afán del gobierno de apuntarse el éxito del fin de ETA y el miedo de la oposición a ese éxito.

Para comprender la influencia del nacionalismo hay que saber que España está sufriendo un proceso de descomposición como nación, al menos en el sentido que a ese concepto se le viene dando desde el siglo XIX, que procede de la pérdida de su imperio y que aún no ha tocado fondo. Cuando en España se habla de nacionalismo, nos referimos a la reafirmación de hechos diferenciales de las regiones, en contraposición a cualquier cosa que huela a “español”. ETA es, sobre todo, separatista; pretende un Estado vasco, sueño compartido por muchos nacionalistas “moderados”. Veo al respecto las siguientes posturas:
- separatistas puros y duros: ETA y su entorno (Herri Batasuna);
- separatistas posibilistas, partidarios de conceptos vagos y ambiguos como “autodeterminación”, “co-soberanía”, etc. (los partidos nacionalistas vascos, catalanes y de otras comunidades –Galicia, Aragón, etc.-);
- constitucionalistas, defensores de una ampliación serena del actual marco legal autonómico, muy presionados por los dos grupos anteriores hacia posturas de “superación del marco constitucional” por la vía de no ser menos que los demás (todos los restantes partidos con representación parlamentaria);
- españolistas, partidarios de una sola nación formada por todos los elementos que hasta hoy integran España (más Gibraltar), sin representación parlamentaria.

El partido socialista, en el poder, se considera constitucionalista en un sentido nuevo, en el que la patria sería la ciudadanía, compatible con los separatismos posibilistas; pero sus filiales autonómicas son cada vez más nacionalistas. El partido popular, en la oposición, es autonomista; pero sus filiales autonómicas se ven cada vez más arrastradas por el nacionalismo, al menos en la práctica.

Esto viene a cuento porque sitúa el llamado “proceso de paz” en sus verdaderos términos. ETA ha dicho que el “alto el fuego” está relacionado con la aprobación por el Parlamento del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que se la reconoce como “Nación”. En definitiva, los términos del diálogo son estos: si ETA renuncia a la independencia del País Vasco para disolverse o si el Estado español permite esa independencia para que se disuelva, he aquí la gran dificultad. Todo lo demás, con ser muy importante, es guarnición.

La realidad es que el gobierno está jugando fuerte, dispuesto a saltarse el marco legal constitucional con ejercicios de malabarismo político, con el apoyo de la mayoría parlamentaria, y a actuar maquiavélicamente, negando, por ejemplo, contactos con la banda que luego a reconocido, concediendo a una banda terrorista la condición de interlocutor o tolerando la actividad política de un partido ilegalizado. Está por comprobar que el “alto el fuego” de ETA es real, cosa nada fácil, porque está por ver que hay unanimidad en la banda y su entorno, y porque está por definir qué es un “alto el fuego”: ¿ausencia de asesinatos, de amenazas, de extorsiones, de lucha callejera, de presiones sobre los no nacionalistas, de rearme, etcétera, etcétera?

Hay que tener en cuenta que ETA se aprovisionó en vísperas del “alto el fuego”, que mantiene la extorsión para financiarse, que siguen los episodios de lucha callejera y la presión sobre los constitucionalistas (se calcula que son 200.000 las personas que han tenido que huir del País Vasco en los últimos 25 años, un 10% de la población), y que, hasta ahora, ha utilizado todas las treguas precedentes para reorganizarse y rearmarse, en momentos de debilidad, como era el actual. Los mensajes para aflojar el dogal sobre ETA vienen ahora de todo tipo de instancias, del fiscal general, de muchos partidos políticos, de algunos miembros del gobierno. Sólo la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Foro Ermua y la mayoría de la judicatura parecen tener ideas firmes al respecto. ¿Nos estamos dejando engañar los españoles? Puede ser.

Queremos paz, sabemos que algo habrá que maniobrar, hasta los más duros contra ETA saben esto; pero jugamos sin reglas contra unos asesinos tramposos, no queremos gobernantes angelicales ni tomaduras de pelo, no queremos que el asesino ponga un negocio subvencionado debajo de la casa de la viuda del asesinado (hecho real); si hay que pagar precios queremos decidirlo en el Parlamento, no en “mesas de partidos” para las que no hemos dado mandato con nuestro voto y que no existen en la Constitución.

Para conocer los argumentos que apenas salen en los medios de comunicación, recomiendo la lectura de la intervención de Mikel Buesa, presidente del Foro Ermua, durante su participación en el desayuno informativo del Fórum Europa.