Nuevo acuerdo sobre financiación de la Iglesia

La Iglesia católica y el Gobierno españoles acaban de llegar a un acuerdo histórico sobre financiación de la primera. En síntesis, el acuerdo consiste en la supresión de la dotación directa del Estado a la Iglesia y en la elevación al 0,7 (era del 0,52) del porcentaje del IRPF que los contribuyentes pueden aportar voluntariamente, marcando la casilla correspondiente en su declaración.

El sistema español de financiación de la Iglesia católica data de la etapa de compromisos y acuerdos que llamamos “Transición” (paso del régimen de Franco al de la actual democracia constitucional, segunda mitad de los 70), y tiene como marco jurídico fundamental el Concordato, acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, de carácter internacional, y la Constitución española, que establece un régimen de cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas. Simplificando mucho, pero creo que exponiendo lo fundamental, el Estado se comprometía a aportar una cantidad determinada, destinada principalmente al sostenimiento del clero, cosa que últimamente se hacía completando directamente lo que faltaba tras la asignación voluntaria de los contribuyentes de un porcentaje de su impuesto de la renta. Esta cantidad tiene una justificación histórica concreta, las desamortizaciones de bienes eclesiásticos realizadas por los gobiernos liberales del siglo XIX, puras y llanas confiscaciones realizadas con la excusa de hacerlos más productivos.

Los acuerdos Iglesia-Estado de los 70 reconocían la provisionalidad del sistema de financiación, cuya revisión se ha ido posponiendo por ambas partes durante años. El clima revisionista y en cierto sentido laicista del actual gobierno ha llevado a que ambas partes se sienten y lleguen a un nuevo acuerdo, que satisface moderadamente a las dos. El Estado ya no tendrá que asignar nada a la Iglesia de sus presupuestos, y la Iglesia ve aumentado el porcentaje que recibe vía impuestos; aunque ha tenido que renunciar a un 0,1% de lo que pretendía. Además, la Iglesia pierde las exenciones impositivas de que gozaba –IVA, por ejemplo-, cosa difícilmente sostenible en el marco jurídico de la Unión Europea. Ahora la Iglesia está al albur de la voluntad de los contribuyentes, a los que no les cuesta más ni menos dinero contribuir o no (no es como en Alemania), algo que viene haciendo uno de cada tres en los últimos tres años. Los Obispos son conscientes de que habrá que hacer campaña, lo que ya vienen haciendo, como recogí en mi blog en su momento.

Conviene no obstante apuntar algunos datos que ayuden a situar la cuestión. La financiación vía IRPF sólo supone el 30% de la financiación total de la Iglesia; estamos hablando por tanto de una cantidad importante pero en absoluto decisiva. Por otra parte, el Gobierno insiste estos días en que este es el comienzo del camino que debería llevar a la total autofinanciación de la Iglesia. En el fondo, subyace una visión estatalista –socialista, al fin-, que considera el dinero del presupuesto como del Estado, y no de los ciudadanos, del que los gobernantes serían dueños y no administradores, que es lo que, entiendo, deberían de ser. Porque en realidad el Gobierno no da dinero a la Iglesia, si no que pone a disposición de los ciudadanos su organización recaudatoria para que la financien si quieren, en parte –y pequeña-.

Por otra parte, algo huele a podrido en la postura de los sectores más laicistas del Gobierno si se compara el sistema de financiación que pretenden para la Iglesia católica con el que está previsto, por ejemplo, para los partidos políticos y los sindicatos, o con el régimen de subvenciones de otras actividades de interés social como el cine, la música, el deporte, etc. Abunda en la confirmación de esta tesis la insistencia por parte de algunos de incluir el dinero de los conciertos con las escuelas católicas entre el que el Estado entrega a la Iglesia. Otra vez la visión estatalista, en esta ocasión de la educación, lleva a separar la enseñanza de iniciativa social del sistema nacional educativo, que estaría formado únicamente, según esta visión, por la enseñanza mal llamada pública, que es en realidad de iniciativa estatal, porque pública es toda. Este engaño es especialmente lacerante por cuanto la enseñanza privada –católica o no-ahorra mucho dinero al erario público –es más barata y, por lo general, más eficaz-.

Por último, convendría recordar que la aportación de la Iglesia al Estado en términos materiales es gigantesca en el caso de España (escuelas, asilos, hospitales, asistencia a inmigrantes, mayores o menesterosos, actividades caritativas, y un largo etc.); sin contar con la aportación inmaterial –espiritual-, mucho más importante y decisiva para la construcción de una sociedad más humana, aunque comprendo que esto último es aún más difícil de explicar y de compartir.