Desde hace dos años, tras las elecciones generales ganadas en minoría por el partido socialista, los políticos españoles registran un furor reformador de los estatutos de autonomía regionales que cerraron, en el comienzo de la década de los 80, el proceso llamado de “transición democrática” y sellaron la organización territorial más descentralizada de Europa.
Una constante de estos procesos reformadores es la progresiva descentralización del Estado, mediante continuos traspasos de competencias y gestión de recursos. Junto a esto, en los casos más significativos alienta el deseo de convertir el Estatuto de Autonomía en una verdadera Constitución, incurriendo, según algunos, en una auténtica reforma constitucional encubierta (y, por consiguiente, inconstitucional). Abonan estas tesis la proliferación de títulos preliminares con declaraciones de derechos y deberes, más propiamente constitucionales, y los tira y afloja con las denominaciones de las hasta ahora “nacionalidades y regiones” autonómicas: nación, identidad nacional, realidad nacional, etc. Hasta ahora, la primera reforma aprobada es la del Estatuto de Cataluña, que al querer ser más que los demás, provoca el deseo de emulación del resto, que no quiere ser menos que nadie.
Por esto, entre otras cosas, se está produciendo en España la curiosa paradoja de que mientras nos disolvemos en la realidad plurinacional de la Unión Europea, vamos forjando aduanas interiores, idiomáticas, jurídicas, educativas, mentales, deportivas, folklóricas, administrativas, etc., destinadas a subrayar los aspectos “diferenciales” de cada cual y obviar -cuando no demonizar- lo que todavía nos une.
Quizá la falta de coordinación en la lucha contra los incendios que están abrasando Galicia –región del noroeste de la península-, no sea la consecuencia más grave; pero me parece ilustrativa. El Gobierno autonómico gallego está ocupado por una coalición de socialistas y nacionalistas, después de muchos años de gobiernos de centro-derecha. Al parecer, han desmontado la potente estructura de prevención y extinción de incendios existente y han dado entrada en las brigadas a gente nueva, sin experiencia, que cumpliera requisitos como el de, por ejemplo, hablar gallego, con preferencia a otros más técnicos. Otra limitación del sistema es la barrera administrativa; el Gobierno gallego ha tardado tres días en pedir ayuda al Gobierno central, éste un día más en pedirla a otras Autonomías, y otro más en recurrir a la UE. Mientras tanto, Galicia se quema.
¿Se quema también España?
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