Lo que pase en Italia nos incumbe: puede ser el futuro

Marta me ha convencido para incluir aquí este post que publiqué ayer en "De todo un poco". Espero vuestras opiniones al respecto.

Como en un mal sueño político, me he encontrado esta semana con varias noticias referentes a Italia, la inmigración y las relaciones (dialécticas) entre los gobiernos italiano y español.

Para contextualizar el tema, la raíz de todo está en el contenido de esta noticia: cientos de inmigrantes y gitanos son detenidos y puestos a la cola de la expulsión del país. Están "acusados" de diversos delitos menores, pero la noticia no aclara que haya habido ningún tipo de juicio, y yo me decanto por esa opción. Leo con asombro que los italianos echan la culpa de la presunta inseguridad ciudadana a esos colectivos, sí, Italia, la cuna de la mafia. Me asombro. Pero me escandalizo aún más cuando el artículo expone la existencia de un "espacio", cercado, cerrado por la noche, y vigilado por cámaras de forma constante, donde "residen" un millar de gitanos. Señores, eso, de toda la vida, se ha llamado y no debería dejar de llamarse "campo de concentración" (o de reclusión, o como se quiera, pero ésa es la idea).

Eso, en la Italia del siglo XXI, en la que pese a su apoyo a las ideas ultraderechistas de la coalición que se dispone a gobernar el país, hasta el Vaticano ha protestado ante algunas de esas medidas referentes al trato que se da a la masa inmigrante.

España no es un país modelo: ahí están las cercas armadas en cada nodo a modo de redes asesinas de potenciales saltadores desde el vecino Marruecos, y los ocasionales incidentes que protagonizan a tres bandas los desesperados, la policía marroquí y la Guardia Civil; sin embargo, hemos de darnos cuenta de una cosa: somos un oasis para la inmigración, y lo digo en el mejor de los sentidos.

Los italianos van a rechazar libertad (ahora la de los inmigrantes, pero dentro de poco será la suya propia), riqueza cultural, riqueza económica y a más largo plazo riqueza genética, a cambio de seguridad y del control presunto de su propia sociedad (un control que, visto lo visto, en realidad reposa en las escasas manos de la mafia -la economía- y del conglomerado berlusconiano -las telecomunicaciones). Y el primer destino en que van a pensar esos nuevos refugiados (porque si es lo que parecen, quizás habrá que asumir que es lo que son) va a ser nuestro país. Eso no es ni bueno ni malo por principio, pero la cara de la moneda que salga ganadora dependerá de muchos factores, algunos de los cuales no es tán en nuestra mano (como lo están el pasotismo del español medio, su tolerancia y su liberalismo vital, que llevan, mayoritariamente, al respeto hacia el diferente). En esta parte de la reflexión, me gustaría decir que la actitud italiana de jugar con los inmigrantes como si de pelotas de tenis se trataran me parece profundamente inhumana, y ahora mismo, profundamente equivocada. Lo peor es que quedan cuatro años de berlusconianismo por delante, si no más.

¿Y por qué digo que ése puede ser nuestro futuro?

Las sociedades italiana y española no se diferencian mucho, pero han dado lugar a "ecosistemas" políticos diferentes. Todas las "alas" están divididas, pero el ala derecha cuenta con más apoyos y como toda derecha que se precie, no hay nada que la una más que el ejercicio del poder. Aquí en España, la división entre las corrientes derechistas, una vez subsumida la ultraderecha política en el PP, tiene como protagonistas los diversos nacionalismos, pero el mayor partido de derechas del país, el Partido Popular, puede estar viviendo los comienzos de una fase de división interna, de la que tal vez podrían salir nuevas formaciones políticas (lo cual me lleva a una duda, puesto que algo así creo que no ha sucedido en nuestra Historia democrática reciente: ¿qué ocurriría con los parlamentarios "populares" en Congreso y Senado?). Si eso llegase a ocurrir nuestro arco parlamentario empezaría a parecerse más al italiano.

En cuanto a la izquierda, no creo que sea posible pensar en más avances del PSOE, y ciertamente todo partido de izquierdas que se precie está constantemente al borde de una o más rupturas. Es su idiosincrasia, y la consecuencia negativa de un grado quizás mayor de democracia interna -por no hablar de fracturas nacidas de los diversos nacionalismos, también posibles y probables.

En un arco parlamentario más fraccionado, la respuesta política ante presuntos problemas causados por la inmigración sería sin duda más compleja, tendría más fuentes de opinión y seguramente saldrían a la luz reflexiones muy poco correctas políticamente hablando, que hoy sólo mantienen algunos ciudadanos y algunos políticos de épocas muy pretéritas.

Para que nuestro país siga siendo una especie de oasis en que puedan mirarse otras sociedades, independientemente del "color" de sus gobernantes, es vital, clave, esencial, que no se creen núcleos de población inmigrante, que ésta se distribuya por nuestro territorio y por nuestros núcleos urbanos, con la misma libertad que podemos hacerlo nosotros los "oriundos".

También considero muy importante dotar de derechos similares a nacionales y no nacionales: si somos parte de la ONU, cualquier persona en nuestro territorio está sujeta a su carta fundacional, ¿no?, y hasta donde yo recuerdo el derecho a juicio justo es uno de los capiteles de nuestra sociedad. Si por mí fuera, la UE debería obligar a Italia (y a todos los estados miembros) a respetar eso. Sin duda un gobierno socialdemócrata mirará más a los individuos que uno democratacristiano (algo sumamente paradójico en mi comprensión de lo que es ser demócrata y de lo que es ser cristiano, pero bueno...), pero los italianos han decidido dar la espalda a la opción socialdemócrata que se les presentaba en las recientes elecciones. Tendrían que saber que mayor riqueza para los ricos suele suponer mayor pobreza para los más pobres, y que si ellos dicen tener derecho a "defenderse" de los inmigrantes, éstos no van a rechazar ninguna oportunidad de salir de la pobreza, por ilegal y peligrosa que sea, si la sociedad a la que han decidido aportar sus vidas no los arropa o es peor, los rechaza. Los italianos en otro país harían parecido: todos somos humanos.

Sobre las posibles medidas favorecedoras de la repatriación de inmigrantes que pueda desarrollar nuestro país, no tengo aún una idea clara, aunque sí tendencias contrapuestas, que tal vez explique otro día.

M@k, el Buscaimposibles

Rifirrafes entre la Iglesia y el Gobierno en España

Los últimos tiempos estamos viviendo el enfrentamiento más enconado entre la Iglesia católica española y el estado, personificado en su Gobierno, presidido como se sabe por José Luis Rodríguez Zapatero. La jerarquía eclesiástica española se ha alineado claramente en contra de muchas de las leyes que Rodríguez Zapatero llama avances en derechos, como la liberalización del divorcio (conocido ya como "divorcio express") o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero no se ha quedado ahí, y ha entrado también en otros temas, de índole claramente más política, como la unidad territorial de España, o la nueva asignatura creada por el Gobierno para inculcar los valores que le sostienen en la juventud, llamada "educación para la ciudadanía", que los obispos y muchos padres católicos ven como una intromisión intolerable del Estado en su derecho a educar a los hijos.

Mirando un poco más a fondo, todo este griterío (porque así es como se vive la política en España, a gritos, y porque así han actuado la mayoría de los obispos en sus amargas quejas por la pérdida del poder heredado del régimen franquista que aún les queda -básicamente la educación privada religiosa y el Concordato con la Santa Sede), se puede entender como la puja entre dos gigantes de la filosofía -la religión y el estado liberal- por controlar a las personas, dándole, por favor, a "controlar" el significado más leve posible.

El Gobierno es claramente de izquierdas, más de hecho que otras corrientes del propio Partido Socialista Obrero Español, y si durante los ocho años de gobierno del Partido Popular la Iglesia prácticamente estuvo ausente de la arena política, durante la presente legislatura se ha podido ver a obispos españoles en diversas manifestaciones de la derecha política, a las que, sin duda, tienen todo el derecho individual a ir, pero en las que, como en todo evento en que concurran personas con cargo, su presencia representa un apoyo incontestable al tema de la manifestación, que, como digo, en el caso de las del Partido Popular (y organizaciones afines) siempre han sido de claro enfrentamiento al Gobierno, un ataque siempre trufado de insultos y hasta amenazas.

Desde que aceptamos que el resto del mundo no es católico y no va a poner la otra mejilla, es lógico que el Gobierno se revuelva, sobre todo si la jerarquía eclesiástica organiza una manifestación, oficialmente contra algunas de las medidas gubernamentales citadas al comienzo, que se acaba volviendo la ocasión de mentir y lanzar acusaciones sin sentido, como que aquellas medidas "rompen la democracia" en España. La actitud de la Iglesia en todas o casi todas las medidas sociales del Gobierno ha sido una oposición nada constructiva, y es probable que si sale de nuevo elegido Rodríguez Zapatero en las próximas elecciones las relaciones con el Vaticano sufran algún cambio brusco, sobre todo para el status de la Iglesia en España, con un número de feligreses que disminuye al mismo ritmo que aumenta el de los que directamente la odian. Puede ser, como reseña hoy ABC (el periódico monárquico, católico por antonomasia, decano de la prensa escrita española), que el P.S.O.E. pierda del orden de medio millón de votos de católicos en las próximas elecciones legislativas, pero también lo es que la posición eclesiástica es tan reaccionaria estos días que hasta el Partido Popular se ha alejado someramente de esa postura, aclarando que no va a modificar (derogar) ninguna de las leyes polémicas que supusieron la excusa de que la Iglesia saliese a la calle a protestar (aborto, divorcio, matrimonios homosexuales...), aunque para "contentar a la parroquia" (frase hecha) anuncia la creación de una "Ministerio de la Familia"...

He dado mi opinión, de una forma más personal que aquí, en estos dos artículos de mi blog:

• "Contra el laicismo radical"
• "Tenemos que cambiar"

Son dos notas motivadas por el desgarro interno que me supone ver pelear a las dos corrientes de pensamiento que me configuran, como persona de izquierdas (pero no tanto como Rodríguez Zapatero) y católica (pero no precisamente al modo de los obispos) que me considero. Pero más desazón me da ver que quien tiene claramente las de perder en esta lucha absurda es el catolicismo en España. No ya la Iglesia como institución, a la que no podrán quitar colegios privados ni casilla propia en la declaración de la renta, y que aunque perdiese todos los privilegios que le otorga en Concordato, seguiría siendo la más rica y potente de las organizaciones religiosas. Desde un punto de vista mundano, el poder de la Iglesia católica en España está mejor que bien apuntalado. Pero no es labor de la Iglesia apalancarse en el poder económico y político de sus fieles, ¡sino aumentar el número de éstos! ¿Acaso no es nuestra empresa la salvación de las almas? ¿Por qué seguimos pidiendo (peor: exigiendo) a quien no comulga con nosotros que promueva nuestro mensaje (a cambio de nada, o tal vez de ataques políticos) y no nos centramos en la predicación y en la resolución (que no ocultación alevosa) de nuestros problemas, quizás el principal de los cuales, la pederastia, es uno de los mayores males que asolan a la Iglesia? ¿Qué fórmula matemática nos asegura que es mejor creyente una persona educada en un colegio religioso? Al menos de entre mis conocidos, todos detestaron la experiencia y pocos sé que sean católicos practicantes, y yo mismo, que sí lo soy, he sido educado siempre en colegios públicos y en la mayoría de cursos he dado Ética y no Religión. ¿Me convierte eso, o ls ideas que aquí presento en peor católico que un fiel del Opus Dei, por poner el ejemplo de la asociación religiosa española más detestada?

Tal y como escribí en el segundo artículo que he enlazado, no se trata de vendernos por un mensaje más agradable para las personas, si creemos en éste, ciertamente más duro, pero también más consecuente y bello. Pero no seamos al menos tontos de vender dicho mensaje mal. No podemos tener dos caras: la buena de la iglesia de base, y la mala -porque lo es, para el resto- de la curia española.

La separación de poderes, en peligro en España

Vivimos tiempos convulsos en España, aunque mucho más democráticos y pacíficos que las anteriores épocas de confusión que ha tenido nuestro país. La globalización golpeó con sus peores modos nuestro país hará dentro de poco tres años, e inmediatamente el electorado socialista que en la anterior legislatura se había inhibido de votar se lanzó en masa a su deber democrático, resultando un vuelco en el gobierno. El partido anteriormente en el poder no ha terminado de digerir que fueron sus propios errores los que les dejaron sin ese poder deseado aparentemente por encima de todas las cosas, pero aprendió bien las estrategias que el resto de partidos había ido empleando para vencerles, como tomar la cibersociedad con sus propias publicaciones, o salir a la calle a protestar, en manifestaciones siempre "voluminosas" (sobre todo si los datos de participación los da la Comunidad de Madrid), siempre con algún lema aparentemente inocente y duro, y siempre con ataques personales al presidente del gobierno, en forma de execrables insultos.

Aquí en el País Vasco, por otro lado, la justicia, amenazada indefinidamente por ETA, sigue intentando que el delincuente no se vaya de rositas, a la vez que brega con los ataques directos de todo el ala política independentista por un lado, y del ala derecha de la política españolista en el País Vasco, por otra, y cuenta para ello con leyes y mayorías en sus órganos de gobierno decididas por la anterior mayoría política de derechas. También acabamos, desgraciadamente, de salir de una esperanzadora tregua de ETA, en la que el PP nunca creyó ni apoyó nunca al gobierno, que ha sensibilizado a muchas personas en multitud de dimensiones personales y colectivas, enconando aún más los roces que ha habido siempre en esta parte de España.

Todo ello confluye en una manifestación que ocurrirá hoy en Madrid, organizada oficialmente por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (la misma que no acudió a apoyar a las últimas victimas en la manifestación organizada después del atentado de Barajas, la misma que gusta de manifestarse con elementos ultraderechistas), para protestar por una sentencia judicial, decidida por el máximo órgano de los jueces españoles, el Tribunal Supremo, por la cual se reducía una pena al etarra Ignacio de Juana Chaos, de doce a tres años de cárcel. Una consulta no muy exhaustiva a las noticias periodísticas españolas del último mes y medio podrá dar idea a los lectores del este artículo de lo que todo ello significa y lleva detrás, y no es el tema principal de mi intervención hoy en este blog, así que lo dejaré aquí. Y aunque está organizada por dicha asociación, la verdad es que el PP se ha apresurado a apoyarla (al contrario que a la asociación de víctimas fundada tras el 11-M, a quienes la Comunidad de Madrid, en manos de la derechista Esperanza Aguirre, deniega hasta la mínima subvención, con lo que se están pensando "emigrar" a otra comunidad autónoma), seguramente no sólo con la presencia de sus propias celebridades, las mismas que tampoco fueron a apoyar a las últimas víctimas.

Hace unas semanas, en Bilbao, acudía el presidente de la comunidad autónoma vasca a los juzgados a declarar como acusado por haberse entrevistado con el dirigente de una formación política ilegalizada (también es recomendable leer nuestra prensa sobre ese tema), y al salir aproximadamente un millar de simpatizantes de su partido, el nacionalista y de derechas PNV, estaban esperándole para animarlo y vitorerarlo como auténticos "hooligans". Previamente, cerca de ochenta mil vascos se habían manifestado el sábado previo en Bilbao, en un acto de presión contra los jueces sin precedentes.

Los políticos en este país quieren estar al margen de la acción de la justicia, por encima de ella, incluso con las leyes que ellos mismos ponen, al actuar con el rol del poder legislativo que la Consitución ofrece a los parlamentos. Unos con la excusa de su nacionalismo y del presunto papel "colonialista" de la justicia española, otros con una moralina insultante (no protestaron cuando el partido anterior en el gobierno concedió beneficios al mismo etarra) y con el extremismo de quienes se creen en poder de la única verdad absoluta, pero lo cierto es que todos ellos querrían tener bajo control los órganos judiciales. Actualmente, hay un tercer frente abierto ente la justicia y la política, a cuenta del nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, que también ha de estudiarse en el Tribunal Constitucional a petición del PP. Vemos que la lucha democrática entre derechas e izquierdas, una vez visto que el país es como es, y que no habrá cambios sustanciales, se ha trasladado a un campo donde diferencias mínimas pueden tener mucha más repercusión práctica que las que hay en las elecciones generales, quizás porque es mucho más sencillo de manejar al plasmarse en toda su crudeza el bipartidismo que padecemos.

De hecho, los jueces empiezan a encuadrarse también en asociaciones con un color político más que marcado, y varios de ellos han entrado y salido de partidos políticos (sobre todo del PSOE: Garzón con Felipe González, el nuevo ministro Bermejo ahora con Rodríguez Zapatero), en una práctica que, en mi opinión, no debería poder darse.

Quizás es que creo en una forma de estado absolutamente utópica, pero no me parece adecuado que quienes ponen las leyes (los partidos políticos) y quienes nombran a los jueces de los órganos de gobierno de éstos (los partidos políticos, en un sistema de proposiciones) no puedan estar totalmente bajo la hégira de los jueces, como si los políticos fuesen ciudadanos especiales. Un sistema politico en que las cosas fuesen así no podría considerarse democrático, y lo cierto es que, aparte de su crónica lentitud en España ya no es ni el único ni el principal motivo de desconfianza de los ciudadanos hacia la Justicia.


El ciudadano tiene una visión clara de lo justo y lo injusto, de lo que está bien y de lo que está mal, pero en la situación actual, en que jueces y políticos se reparten en una mezcla casi orgiástica el poder real que la Constitución separó en tres tartas en principio inintercambiables ni tampoco unificables, no puede por menos que alejarse aún más de los asuntos públicos, larvándose quizás un desprecio por lo democrático muy preocupante.