Uno de los preceptos en que se basa el sabio sistema republicano de gobierno es la periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos.
Ello, a diferencia de las monarcas, coloca a nuestros circunstanciales gobernantes en inquilinos de los espacios públicos en que desempeñan sus mandatos, no en sus propietarios.
Vaya esta introducción a raíz de las reformas y cambios en la decoración que encararon primero la presidenta Cristina F. de Kirchner en la Casa_Rosada, y más recientemente el vicepresidente Amado Boudou en el Congreso_Nacional.
Ambos han sido declarados Monumentos Históricos, la primera en 1943 y el segundo en 1993.
La ley 12665, que creó la Comisión Nacional de Museos y de Lugares y Monumentos Históricos establece en su artículo primero, segunda parte, que
"...La comisión tendrá la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales..."
A su vez, el artículo quinto establece que
"Los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional..."
Ignoro si la presidenta dio intervención a la Comisión para que apruebe las reformas que realizó en la Casa Rosada.
Trascendidos periodísticos dan cuenta que en el caso del Congreso no se habría hecho ninguna consulta "relacionada con la preservación del valor histórico del edificio" aclarando una fuente parlamentaria "que no se trata de un trámite obligatorio", lo que es inexacto, tal como se señaló más arriba.
Corresponde que la Comisión informe acerca de su intervención y si autorizó las reformas realizadas y las proyectadas en ambos edificios históricos.
Para el caso que no lo hubiere hecho, sus miembros habrían incumplido sus deberes como funcionarios públicos y la presidenta y el vicepresidente habrian violado la ley.-
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